ACTIVACIÓN INCLUSIVA

Apostar por la activación, desde una concepción multidimensional de la inclusión.

Necesariamente, el modelo INCLUE debe basarse en el paradigma de la inclusión activa, en la medida en que constituye el paradigma hegemónico en el ámbito de las políticas sociales europeas y en la medida en que reconoce la centralidad del empleo remunerado en los procesos de inclusión social. A la hora de incorporar este principio al diseño del modelo, es necesario, no obstante, recoger las críticas más relevantes derivadas de la praxis y sostenida por diversos autores que se pueden resumir en los siguientes puntos:

  • Mitificación del trabajo remunerado como elemento de integración social. Una de las críticas básicas que se le hacen al paradigma de la activación es el peso excesivo que se da al empleo remunerado como mecanismo básico de inserción social, al margen de su verdadera capacidad insertadora y desconsiderando el papel que pueden jugar otras aportaciones, como los cuidados domésticos o familiares, la participación comunitaria o el trabajo artístico.
  • De la solidaridad a la contractualización, del discurso de los derechos al discurso de las obligaciones. Se encuentran numerosas valoraciones críticas del énfasis que el paradigma de la activación pone en el carácter condicional de las prestaciones y en la vinculación que se establece entre la asistencia económica y determinados comportamientos personales. Se evidencia una tendencia a convertir el compromiso de actividad o de inserción en un deber coactivo más que en un derecho, cuando las causas del desempleo no residen en la voluntad de las personas paradas −y, en muchos casos, tampoco en su formación y cualificación−, sino en la carencia de empleos suficientes, o en la calidad de estos.
  • Empleabilidad, responsabilización individual y despolitización. Autores como Van Berkel y Valkenburg (2007) sostienen que determinadas formas de entender la individualización implican un cambio en la distribución de las responsabilidades entre el Estado y los individuos, a partir de un concepto moralista de la responsabilidad.

En ese marco, la ciudadanía ya no se interpreta en términos sociales, como un mecanismo de protección frente a los riesgos económicos, sino en términos individuales: el derecho a la protección viene determinado por la conducta, las elecciones, las actitudes y las motivaciones del individuo. El énfasis pasa de la responsabilidad colectiva del Estado Social a la responsabilidad personal del ciudadano/a individual; el desempleo deja de ser consecuencia de un determinado desarrollo social y económico (culpar al sistema) y pasa a ser consecuencia de la acción, o inacción, del ciudadano/a individual (culpar a la víctima). En esa misma lógica, el Estado adquiere un papel más intrusivo, orientado a un control permanente de las conductas individuales. De esta forma, los problemas políticos y económicos se transforman en cuestiones relativas a los motivos personales y a las voluntades individuales, estimulándose la despolitización de la gestión del conflicto social y desdibujándose el carácter sociopolítico de la exclusión social.

Ante estas reflexiones, cabe poner el énfasis en dos aspectos:

  1. En primer lugar, del mismo modo que en el ámbito de la discapacidad se pasó de un modelo médico o rehabilitador a una concepción social de la discapacidad, que hace hincapié en el carácter excluyente de las estructuras sociales y en la necesidad de adaptar esas estructuras a las características de todas las personas, reconociendo y valorando su diversidad, en el ámbito de la inclusión es también necesario desarrollar un modelo de ‘discapacidad social’ que –sin dejar de lado los factores individuales relacionados con los procesos de exclusión e inclusión− promueva la modificación de las estructuras sociales que generan desigualdad[1].
  2. En segundo lugar, aun reconociendo la centralidad del empleo remunerado como elemento básico para la inclusión, es preciso reconocer el carácter multidimensional de la exclusión y, por tanto, la necesidad de trabajar otros elementos distintos de la empleabilidad (salud, vivienda, relaciones personales, etc.). Esto implica, por una parte, que el acceso al empleo remunerado no debe siempre considerarse como el objetivo básico de toda intervención y, por otra, que cabe apostar por una concepción amplia de la empleabilidad, que reconozca el valor inclusivo del voluntariado, el cuidado a otros miembros de la unidad familiar, las actividades artísticas o, incluso, el ocio. En ese sentido, un modelo coherente con el principio de inclusión activa debe promover la mejora de la calidad de vida y de los niveles de inclusión social, considerando la empleabilidad no como un fin, sino como un medio para la inclusión, y dejar por tanto de lado aplicaciones workfaristas del concepto de activación, que consideran la empleabilidad como una característica intrínseca de las personas y la inclusión laboral como la única vía para inclusión social.

[1] Como señala Pisonero (2007), el modelo de la discapacidad social es micro: sitúa a la persona como eje del proceso y clasifica situaciones dadas sobre una persona. Pero, al mismo tiempo, tiene una perspectiva macro: la discapacidad social es, en parte, producto del contexto social. El modelo co-responsabiliza y apunta, por tanto, a que el entorno es parte del problema y de la solución. El entorno laboral, el educacional, el social y la vivienda, así como las políticas generales, y las actitudes de toda la ciudadanía son co-responsables de los procesos de exclusión y son, por tanto, parte activa de su solución. Esto afecta a todos los ámbitos públicos y privados, a todas las administraciones y a las instancias privadas, como la patronal, los sindicatos, medios de comunicación, etc.