PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS

Es innecesario señalar que las personas en situación o riesgo de exclusión social son, como todas las demás, sujetos de derecho. Al igual que al conjunto de la población, les asisten los derechos humanos naturales y están protegidos por los mismos derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que el resto de la ciudadanía. Si bien estos derechos y libertades fundamentales son comunes al conjunto de la población, se han desarrollado en el caso de algunos grupos tradicionalmente usuarios de servicios sociales –las personas con discapacidad o la infancia, por ejemplo− herramientas específicas diseñadas para garantizar el acceso de estos colectivos a esos derechos fundamentales. Este paradigma se apoya en:

  • La perspectiva del doble derecho. Al margen de la regulación legal que, en un momento dado pueda existir en una Comunidad Autónoma determinada, un modelo inclusivo de atención a las personas en situación de exclusión social debe tender a asumir que la percepción de apoyos para la inclusión constituye un derecho de las personas en situación de exclusión social. De ello se deriva que la provisión de esos apoyos –bien directamente, bien mediante entidades concertadas− constituye una responsabilidad de las administraciones públicas, no sujeta a discrecionalidad. Esta perspectiva materializa el derecho de las personas desempleadas o en situación de exclusión a recibir los apoyos necesarios para su plena inclusión y, en concreto, las herramientas que precisan para la mejora de su empleabilidad y para su inclusión efectiva en el mercado de trabajo y, más en general, en la vida social. Se trata pues del ejercicio de un derecho individual –distinto del derecho a la prestación económica− y del consiguiente compromiso institucional en el sentido de ofrecer esos apoyos para la empleabilidad, entendida esta última en una perspectiva amplia. Desde el punto de vista de la prestación del servicio, esto implica además la necesidad de garantizar la calidad del mismo, y de establecer los sistemas adecuados de inspección, acreditación y determinación de estándares.
  • El respeto a los derechos de las personas, condición imprescindible para una atención de calidad. Estrechamente relacionado con lo anterior, el diseño de los programas y las intervenciones debe estar enmarcado en el reconocimiento de los derechos que asisten a las personas usuarias de los servicios sociales. Además de sus derechos básicos y fundamentales (a la igualdad, a la no discriminación, etc.) o de los derechos que el sistema de protección social les reconoce (a una prestación de garantía de ingresos o a unos servicios de apoyo para la inclusión social y laboral), las personas usuarias de los servicios sociales, deben poder también ejercer en la práctica el derecho a la dignidad, la privacidad y la intimidad, la autodeterminación y la autonomía, la capacidad de elección, o la satisfacción y la realización personal. Con todo, lo importante es subrayar que bajo ninguna circunstancia debe perderse de vista la situación de especial vulnerabilidad de las personas atendidas en los centros de servicios sociales y que, en todas las decisiones que se adopten, sean de carácter general o particular, debe tenerse presente su condición de personas y la necesidad de garantizar que puedan seguir siendo ellas mismas y eligiendo, en la medida de lo posible, el estilo de vida que desean llevar.
  • El derecho subjetivo a la percepción de los servicios sociales. La creciente consolidación del carácter subjetivo de los servicios sociales pone de relevancia por un lado, la responsabilidad que las administraciones públicas asumen para la prestación de ese servicio a todas las personas que acrediten estar en una situación de necesidad y cumplir los requisitos de acceso establecidos. Por otro lado, la consideración de que un servicio determinado como derecho social subjetivo, de responsabilidad pública, implica una exigencia adicional en lo que se refiere a la calidad del servicio y a sus formas de provisión. La ruptura que el concepto de derecho subjetivo tiene en relación al modelo graciable o discrecional pre-existente implica también la necesidad de una mayor garantía en cuanto a la adecuación del servicio a las necesidades de la persona y a los objetivos de la intervención.